El 16 de marzo se realizó la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para avanzar en la política de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. En ella participaron representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y de los Estados nacional, provincial y porteño.
La ponencia de la Acumar comenzó con la intervención del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi. Cuando había leído diez puntos, después de aclarar que él recién había asumido el 3 de enero del corriente año, fue interrumpido en su palabra para que “fuera más concreto”.
Luego, hubo una tercera interrupción en la que se le preguntó por los indicadores de Acumar. Mussi dijo que lo iba a dejar al presidente ejecutivo de la Acumar, Gustavo Villa Uría, y aclaró que recién ahora se habían podido superar varias limitaciones administrativas, que se estaba trabajando y que al mismo tiempo quería dejar sentado ante el máximo tribunal el reconocimiento hacia el juez federal de Quilmes Luis Armella, a quien calificó como una persona “muy idónea”.
Cuando Villa Uría quiso empezar a exponer, nuevamente fue interrumpido. Esta vez se le decía que los jueces ya habían leído los informes entregados previamente y que coincidía con el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, en que le parecían confusos.
Se le señaló que los ministros de la Corte querían hacerle preguntas y así comenzaron a inquirir sobre los indicadores de agua y calidad ambiental, comparando las cifras de presentaciones del 2007 y 2009 respecto a los basurales a cielo abierto y las actuales. Esas cifras muestran un aumento debido a las nuevas definiciones que se utilizan para medir los basurales.
Los temas siguientes, de manera insistente, fueron la recolección de residuos en la provincia, las preguntas sobre qué empresas la realizaban y si se iba a cumplir con el compromiso de fechas de reubicación en materia del plan de viviendas. Posteriormente, se comenzó a preguntar a Fernando Nunes, representante del Ministerio de Salud de la Nación en la Acumar, sobre los estudios hechos en mil niños de la cuenca, qué resultados tuvieron y cómo estaban hoy esos chicos. Fue tan insistente que quedó en segundo plano lo expresado por Nunes acerca de que los estudios, si revelaron que los niños tenían plomo en la sangre, estaban dentro de los estándares internacionales y que la realidad es que no hay un contacto directo de los niños con el agua del río. En cuanto a las cifras que se usaban, que son las de hospitales y salas públicas, señaló que sería importante incluir las cifras de los sanatorios y clínicas privadas.
A su turno, continuó la exposición de los representantes de la Provincia dentro de los mismos parámetros, con los mismos ministros de la Corte preguntando activamente. Pero, finalmente, fue la exposición del presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, Javier Corcuera.
A diferencia de los casos de los representantes nacionales, hizo una exposición de lo que estaban haciendo en la ciudad. Y ante la pregunta por los efluentes industriales, adujo que, a partir del 2010, la responsabilidad recaía en los inspectores de Acumar.
En el caso de las viviendas, quisieron saber si iba a cumplir con los plazos. Corcuera alegó que eso es responsabilidad de Acumar, mencionando la toma del Bajo Flores. Fue significativo que no hubo casi preguntas ni repreguntas, como había sucedido con el Villa Uría, que no lo habían dejado exponer y lo llevaban de una pregunta a la otra.
Terminó el auditor de la Nación Leandro Despouy, quien enumeró partidas de la época de Romina Picolotti y terminó con un poema de Borges sobre el Riachuelo. Lo que no se dijo es que en ningún momento Despouy pidió información a la Acumar.
Allí se anunció un cuarto intermedio para que se corrijan los resultados presentados, lo que quiere decir que se volverá a llamar a una nueva audiencia cuando esté avanzada la campaña electoral. Otra vez, el Riachuelo en el medio de los comicios, en lugar de promover una política de Estado.
Conclusión: da la impresión que la audiencia convocada por la Corte fue totalmente funcional a la oposición. Un preparado maltrato a los funcionarios nacionales y la Acumar, sumado a la presencia de personajes como Daniel Sabsay, con quien se trató de situar el tema Riachuelo en el centro de la atención pública.
La actitud de los magistrados hacia la CABA fue displicente y el cuestionario no apuntó a la salud, la relocalización de villas del camino de sirga ni los resultados de censos dudosos por las afirmaciones de los vecinos involucrados - tópico sobre el que tanto hincapié se había hecho cuando preguntaron a los funcionarios nacionales y provinciales-. Además, es llamativa la diferencia de actitud de la Corte, ya que el juez Armella y el Defensor del Pueblo dejaron sentado que ahora hay una nueva voluntad de trabajo, cosa que no hubo durante doscientos años de contaminación a destajo ni cuando tuvieron responsabilidades muchos de los que hoy critican, queriendo ver ahora resultados inmediatos.
Quiero agregar que, si se repasan los comunicados posteriores que hicieron organizaciones como Greenpeace y Farn, se puede apreciar que, a pesar de las críticas por lo que falta hacer, sí se destaca que el compromiso actual. La Comisión de Participación Social marcha en esa dirección porque esa es la única solución posible, ya que se requiere un pueblo protagonista para sanear y redefinir a largo plazo la Cuenca.
Esto último quedó en un lugar secundario en los resultados de la audiencia que comentamos, tratando de encubrir el hecho de que recién ahora, con un gobierno nacional y popular, se comenzó a tomar el problema en serio. En definitiva, se trata de cambiar las condiciones de vida de millones de conciudadanos de la Cuenca Matanza Riachuelo.
