La ministra de Seguridad, Nilda Garré, presentó ayer el Plan de Participación Comunitaria para la prevención del delito en la explanada de la Biblioteca Nacional, en Agüero al 2500. En ese marco, resaltó la importancia de "promover y consolidar" políticas "donde la participación comunitaria oficie de sostén activo al sistema de seguridad", y consignó que con este programa "la ciudadanía organizada es convocada para protagonizar el cambio y no con una retórica pretendidamente inclusiva que luego no hace otra cosa que banalizar el rol de la comunidad".
En el entorno de la funcionaria explicaron que el propósito es, lisa y llanamente, limitar desde el trabajo territorial de las fuerzas populares la pulsión autoritaria de las policías. "Que los uniformados dejen de perseguir a los pibes pobres y empiecen a prevenir los delitos", tradujeron desde la cartera.
Bajo la misma perspectiva debe leerse el traspaso de los agentes de la Policía Federal que cumplían adicionales en edificios públicos porteños al patrullaje de las calles. Porque, por un lado, el Gobierno porteño le adeuda al Estado nacional 30 millones de pesos por la custodia que realizaban en algunas escuelas, hospitales y plazas efectivos de ese cuerpo de seguridad. Pero, por otra parte, la ministra avanza sobre una caja de dinero que manejaban los uniformados sin intermediarios por tal despliegue.
En ese sentido, Garré no da puntada sin hilo. Mientras puja por romper el cerco corporativo de la Policía Federal sumando a organizaciones populares al plan de seguridad, recorta el flujo de recursos para reducir su autonomía y someter la fuerza a su propia conducción política.
A diferencia de la gerencia neoliberal que practica el Ejecutivo porteño, los funcionarios del Proyecto Nacional entienden que el poder no es un kiosco sino una herramienta concreta para transformar la realidad. El Pro despotrica, obviamente, porque prefiere delegar la seguridad en los jerarcas policiales como si fuera una franquicia más de la administración local.
Todavía reverbera el eco de las escuchas telefónicas desplegadas por la pequeña empresa de inteligencia que montó el ex jefe de la PM, Jorge “Fino” Palacios, junto a su segundo, Osvaldo Chamorro, y el espía Ciro James. Garré, por el contrario, llegó para desmontar el andamiaje de negocios turbios por el que las fuerzas de seguridad suelen empeñar sus balas de plomo.
