La gestión de Mauricio Macri ha mutado notablemente desde la campaña electoral en la que resultó ganador, en junio de 2007. Por empezar, los equipos técnicos de calidad que iban a poner fin al clientelismo resultaron ser escuadras compuestas por compañeros de colegio y empleados de sus empresas.
La promesa de no aumentar los impuestos se convirtió en subas por encima del 400 por ciento. Como en un juego de saltos y amagues, el líder del Pro nunca honró con acciones lo que sostuvo en sus discursos.
Y su gobierno terminó siendo un mero vehículo de transferencias. De los diez kilómetros de subte por año, al módico compromiso de dos kilómetros hasta finalizar su mandato, cuando la licitación se concretó bajo la gestión del ex jefe de Gobierno, Jorge Telerman. De la creación de una nueva policía, al procesamiento por escuchas ilegales practicadas con funcionarios contratados en el Ministerio de Educación. Del cierre de campaña en un baldío, a los desalojos y golpizas hacia los sectores más postergados de la Ciudad.
Los análisis le atribuyen ineficiencia en la gestión pero existe, en realidad, una intencionalidad político ideológica. O tal vez, el desacierto es lo que se quiera instalar como idea para suavizar la imagen de un proyecto político que, entre otras cuestiones, promueve la tercerización y privatización de los servicios, incrementa los subsidios a la educación privada, mercantiliza la cultura y desabastece de insumos a los hospitales públicos.
La falta de inversión puso al borde del colapso el sistema sanitario. Se decretó en varias oportunidades el “estado de emergencia” en la materia por falta de insumos, al tiempo que el deterioro de la infraestructura generó un trasvasamiento de los recursos públicos del Estado hacia el sector privado.
Por último, la política educativa macrista consagró un proceso de creciente injusticia, con la reducción del compromiso financiero con las instituciones estatales. Hay, como consecuencia, al menos 6.500 chicos del nivel inicial, cuyo universo va de los 45 días a los cinco años de edad, que no consiguieron vacantes en las escuelas públicas porteñas.
Desbordados por el sostenido crecimiento de la matrícula y sin ejecución de partidas para la edificación de aulas, los establecimientos educativos estatales experimentan un gran déficit de plazas para nuevos alumnos. Y como si fuera poco, en el 35% de los edificios existen serios problemas estructurales, entre caída de techos, filtraciones y deficiencias en las instalaciones de gas y sanitaria.
Baste señalar que los subsidios a la educación privada para el pago de los salarios docentes se incrementaron considerablemente en los últimos dos años. Mientras que en 2007 se ejecutaron transferencias por 604 millones de pesos, en 2008, primer año de la gestión macrista, el monto trepó a 802 millones.
Para el actual ejercicio económico, los aportes estatales a la escuela privada fueron de 928 millones, e instituciones como Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, con cuotas que rondan los 1000 pesos mensuales, se beneficiaron hondamente. El vaciamiento presupuestario de la pública tiene, en última instancia, una clara racionalidad noventista: mediante su estrangulamiento se financia la educación privada.
