En la noche del 12 de diciembre, cuando la noche caía sobre Buenos Aires, las sombras de los ausentes del banquete de la democracia, como en una película de Stephen King, se decidieron a resucitar.
Unas 60 familias agujerearon una pared y se instalaron para ensayar una gambeta a la miseria en la propia cancha de fútbol del Club Albariño, cercano al Parque Indoamericano. Allí mismo otros desarrapados como ellos habían intentado unos días antes patentar el mismo sistema: ocupar un terreno para negociar después la concesión de una vivienda.
Inmediatamente, los vecinos de Lugano dieron comienzo a una épica “resistencia”, apedreando e insultando a los “intrusos”, que debieron ser protegidos por la policía, ante el peligro de que se sumaran más víctimas a las tres que hubo antes en el Indoamericano. El origen de los incidentes podría rastrearse hasta el discurso impecablemente racista del líder político de la Ciudad, Mauricio Macri, que desde la toma del Indoamericano venía pidiendo “mano dura”, policías “que cumplieran con su deber” y hasta minimizando las muertes y las reacciones de algunos vecinos de Villa Soldati, que intentaban conseguir una deletérea justicia por mano propia.
Sus palabras remiten a la teoría de la conspiración que esbozó la ministra de Defensa Nilda Garré, ya que son el complemento ideal de las acciones de algunos punteros del PRO, que habrían fogoneado la ocupación de ambos predios –el del Indoamericano y éste del Club Albariño- para “limar” en lo posible la popularidad de una presidenta que se encamina hacia lo que parecería ser, a priori, un triunfo histórico en las elecciones presidenciales del 2011. Por estas razones, los funcionarios porteños sabotearon las negociaciones y pidieron mano dura, ya que si había negociación se mostraba debilidad y si había represión se podía cargar al gobierno nacional con muchos muertos más de los que ya hubo.
El líder político de la Ciudad volvía a esquivar el bulto a sus obligaciones, ya que éste suele ser su objetivo: echar las culpas a los demás por sus propios incumplimientos.
Tras cuatro días de inútiles negociaciones, ya que los líderes ocultos de la toma –de los que hoy tres tienen orden de captura- siempre buscaron alargar las negociaciones, negándose a aceptar otra cosa que una vivienda, el 16 de diciembre, el juez federal Daniel Rafecas ordenó el desalojo pacífico del predio, sin poner un plazo de cumplimiento perentorio.
Un Club con historia
El presidente del Club Albariño es un veterano dirigente peronista, que alguna vez ofició de guardaespaldas del asesinado líder de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci. Jorge San Pedro, de 72 años, es uno de los míticos Hermanos Corea, que supieron ser también laderos del líder metalúrgico Lorenzo Miguel.
San Pedro preside el club desde hace un año y tres meses, al que asegura que suele ir “desde los ocho”. De todos modos, debió salir a desmentir algunas acusaciones que lo involucraban con la toma del terreno. Lo mismo reconoce que “hay punteros involucrados, yo no sé de dónde son”.
“Que se investigue”, solicita el antiguo guardaespaldas ante las versiones, para luego tomar distancia del Peronismo Federal, con el que algunos lo vinculan: “ya no tengo vínculos políticos”, le contestaba a un periodista, casi pareciéndose a un león herbívoro.
El juez Rafecas, entretanto, debió intervenir en la causa porque en su juzgado está archivado un expediente por los terrenos del Club Albariños, que en la era mesozoica, cuando la Argentina era un país precipayo, pertenecían a la no menos prehistórica empresa Empresa Nacional de Teléfonos (ENTel).
Una “heroica” resistencia
Dos días después de la toma, en un caluroso martes 14 de diciembre, un grupo de supuestos habitantes del barrio de Villa Lugano comenzó a apedrear a los ocupantes del club. Al frente del grupo de lanzadores estaba un hombre de unos 40 años, que se identificó como Luis y que reportaba a un hombre que manejaba un auto marca Volkswagen Bora.
Aparentemente, éste era el líder de los agresores y sería Eduardo “Manzana” Santoro, miembro “caracterizado” de la hinchada de Nueva Chicago y hermano de Miguel Angel “Manzanita” Santoro, un barrabrava del club Boca Juniors que fue asesinado de dos balazos a fines de diciembre de 2006, apenas a cuatro cuadras del Albariño, en Santander al 5300.
Un matutino porteño fotografió a los integrantes del grupo que lideraba Luis, que sería el mismo que un rato antes se había entremezclado con los vecinos de la zona, que cortaron la autopista Dellepiane cerca del Parque Indoamericano y había atemorizado a varios pobladores.
Las razones de la toma
Dicen los pobladores que los alquileres de las míseras habitaciones en las que deben vivir quienes no poseen vivienda, en las villa circundantes al Parque Indoamericano y al Club Albariño, cuestan no menos de 500 a 800 pesos y que casi todos los dueños se niegan a alquilarlas a quienes tengan niños.
Ésta es una de las razones por las cuales cientos de familias, ilusionadas por la posibilidad de acceder a un techo propio, se embarcaron en la difícil batalla de ocupar terrenos para exigir a un gobierno –que antes probó su sordera en múltiples ocasiones-, que construyera viviendas para ellos.
Las otras razones tienen que ver con los vendedores de ilusiones, muchos de los cuales son funcionarios del gobierno porteño. Dos días antes de la ocupación del Parque Indoamericano, el jefe del Gabinete de Ministros de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, había prometido que se les darían títulos de propiedad a los habitantes de las villas porteñas.
También existen acusaciones que complican con la preparación de la toma a Miguel Ángel Rodríguez, alias “El Comandante”, un ex funcionario de Carlos Grosso y de otros gobiernos que le sucedieron. Ésta será una línea de investigación que alguno de los jueces deberá seguir para llegar a comprobarla, aunque existe la dificultad de que los acusadores conviven en el territorio con los secuaces de Rodríguez, por lo que, por más veraces que sean sus palabras, el viejo “apriete” pondrá en peligro la ratificación de las denuncias en sede judicial.
Si a este zafarrancho se le suman las promesas de urbanizar esas mismas villas y las listas confeccionadas por distintos gobiernos, que incluyen a cientos de pobladores que esperan por la construcción de sus viviendas, el cóctel era ya explosivo y, en los primeros días de diciembre, detonó cuando los pobladores, desesperados por la falta de respuesta a sus reclamos, se lanzaron a la ocupación sin niveles de organización suficientes.
Lo peor es que el presupuesto anual del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) se encuentra ejecutado en 2010 en apenas un 18 por ciento, algo que su presidente Omar Aboud asegura que no es verdad y que en realidad a fin de año habrá sido ejecutado en un 70 por ciento.
En primer lugar, el difícil que se ejecute un 50 por ciento de las partidas asignadas para vivienda en apenas un mes. En segundo lugar, cuando se le pidieron precisiones a Aboud sobre el nivel de ejecución, salió del paso cuestionando el período de tiempo que había sido medido por los que evaluaron que sólo se había gastado el 18 por ciento. Éstos, en realidad, tomaron como período el año en curso, algo que Aboud no logró desmentir.
Por estos días, el gobierno nacional –ante la deserción del gobierno porteño, cuyos funcionarios claman casi histéricamente por un escarmiento- intentaba destrabar el conflicto en forma pacífica y ordenada, tratando de evitar el uso de los garrotes policiales. Ya quedan en el Albariño unas pocas familias, pero el problema aún no está resuelto.
Sería un despropósito solucionar los problemas de vivienda que sufren los habitantes del territorio peor gobernado del país con palazos y disparos, cuando el conflicto podría resolverse solamente con sentarse a hablar y negociar con los más humildes.
Claro, que para esto habría que tener un gobierno que tenga la voluntad política de resolver los problemas de los más humildes, en lugar de que su máximo dirigente se dedique a pavonearse por toda la provincia de Córdoba con un basquetbolista de la NBA, una sigla que podría significar Necesidades Básicas Abandonadas.
